El pasado 4 de abril salto a los medios de comunicación la denuncia por furtivismo al ex consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Francisco Jambrina.
Jambrina fue denunciado a principios de mes por agentes del Seprona de la Guardia Civil por colocar, presuntamente, un cepo de caza ilegal en una finca de su propiedad, ubicada en la localidad de Pedraza de Campos (Palencia).
La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Mª Jesús Ruíz, aseguró en las Cortes de Castilla y León, que el expediente sancionador seguirá los trámites pertinentes.
En este caso, es curioso recordar, que Jambrina fue el Consejero bajo cuyo mandato la Consejería de Medio Ambiente elaboró la actual Ley de Caza de Castilla y León, que posteriormente aprobaron las Cortes Autonómicas.
La vicepresidenta primera de la Junta y Consejera de Medio Ambiente se negó a valorar en el parlamento autonómico la conducta de Francisco Jambrina, no se sabe, si por no querer expresar su rechazo o por querer escurrir responsabilidades políticas de quien fue el máximo responsable de la caza de la comunidad hace unos años.
Pero claro hay un dato de interés ya que Jambrina es miembro del Consejo Regional de Caza, órgano consultivo de la Junta de Castilla y León, por lo que el tema coge un cierto cariz de falta de ética, ya que no es lógico que alguien que practica estas artes sea miembro de un órgano de importancia en la Comunidad para la actividad cinegética, de miles de cazadores que lo realizan con responsabilidad.
No me extraña el tema, ya que cuando se aprobó la Ley de Caza de Castilla y León en las cortes de castilla y león, sucedió un hecho curioso, ya que el texto del BOCyL no era exactamente el mismo de los libritos que editó y repartió la Junta de Castilla y León entre cazadores y ciudadanos en general. Dicho tema fue denunciado y llevado al parlamento por los procuradores socialistas, Octavio Granado y Fernando Benito, pero el Sr. Jambrina no hizo ni caso.
Los grupos ecologistas, protestaron enérgicamente y pidieron que Jambrina dejara todos sus cargos públicos ante este acontecimiento y especialmente el consejo regional de caza.
La opinión pública regional estará pendiente a los acontecimientos de futuro y a la resolución del expediente sancionador por los hechos presuntamente cometidos, pero no estaría mal que algún responsable político del PP pidiera disculpas a los ciudadanos por estos hechos cometidos por quien realizó la ley que ahora le aplicarán.
Jambrina fue denunciado a principios de mes por agentes del Seprona de la Guardia Civil por colocar, presuntamente, un cepo de caza ilegal en una finca de su propiedad, ubicada en la localidad de Pedraza de Campos (Palencia).
La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Mª Jesús Ruíz, aseguró en las Cortes de Castilla y León, que el expediente sancionador seguirá los trámites pertinentes.
En este caso, es curioso recordar, que Jambrina fue el Consejero bajo cuyo mandato la Consejería de Medio Ambiente elaboró la actual Ley de Caza de Castilla y León, que posteriormente aprobaron las Cortes Autonómicas.
La vicepresidenta primera de la Junta y Consejera de Medio Ambiente se negó a valorar en el parlamento autonómico la conducta de Francisco Jambrina, no se sabe, si por no querer expresar su rechazo o por querer escurrir responsabilidades políticas de quien fue el máximo responsable de la caza de la comunidad hace unos años.
Pero claro hay un dato de interés ya que Jambrina es miembro del Consejo Regional de Caza, órgano consultivo de la Junta de Castilla y León, por lo que el tema coge un cierto cariz de falta de ética, ya que no es lógico que alguien que practica estas artes sea miembro de un órgano de importancia en la Comunidad para la actividad cinegética, de miles de cazadores que lo realizan con responsabilidad.
No me extraña el tema, ya que cuando se aprobó la Ley de Caza de Castilla y León en las cortes de castilla y león, sucedió un hecho curioso, ya que el texto del BOCyL no era exactamente el mismo de los libritos que editó y repartió la Junta de Castilla y León entre cazadores y ciudadanos en general. Dicho tema fue denunciado y llevado al parlamento por los procuradores socialistas, Octavio Granado y Fernando Benito, pero el Sr. Jambrina no hizo ni caso.
Los grupos ecologistas, protestaron enérgicamente y pidieron que Jambrina dejara todos sus cargos públicos ante este acontecimiento y especialmente el consejo regional de caza.
La opinión pública regional estará pendiente a los acontecimientos de futuro y a la resolución del expediente sancionador por los hechos presuntamente cometidos, pero no estaría mal que algún responsable político del PP pidiera disculpas a los ciudadanos por estos hechos cometidos por quien realizó la ley que ahora le aplicarán.
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