sábado, 14 de diciembre de 2013

REINDUSTRIALIZACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y EMPLEO.

Las últimas cifras conocidas de paro en nuestra provincia arrojan unos resultados de 12.536 personas contabilizadas en esta terrible situación con datos del mes de noviembre. Pero además las cifras de cotizantes a la Seguridad Social sufren un descenso del 2,6%, con 1.503 trabajadores dados de alta menos que hace un año, situándose en 54.718 los segovianos/as afiliados/as. Este problema no por ser una constante deja de ser traumático, ya que detrás de estos números se encuentran situaciones personales y familiares complicadas de segovianos y segovianas que llevan soportando un largo periodo engrosando las listas del desempleo y con nulas expectativas de mejora.

Ante esta situación los poderes públicos y el partido que los sustenta, el PP,  no pueden permanecer impasibles esperando que esta lacra mejore por su cuenta, esperando que los mercados lo consigan por si solos,  sin tomar medidas urgentes para propiciar un cambio de tendencia y recuperar el empleo, sería una enorme irresponsabilidad.

En múltiples ocasiones se han comentado las potencialidades turísticas, patrimoniales, naturales, geográficas, de infraestructuras, la cercanía a Madrid, etc., que atesora la provincia, pero lo cierto es que las cifras de la población segoviana no varían, más bien disminuyen, la despoblación sigue haciendo mella, también el envejecimiento y el éxodo de los jóvenes es una triste realidad. Ante esto ¿qué hace la Junta y el Gobierno de España?.

Siguiendo los datos oficiales podemos observar como el único sector que ha conseguido mantener su actividad en esta coyuntura tan complicada ha sido el sector agroganadero y su industria, a pesar de los pocos apoyos y que parte de la producción se elabora fuera de nuestras fronteras. Sin embargo el sector servicios ha sufrido un fuerte retroceso, sobre todo lo relacionado con la construcción, y el sector industrial tiene escaso peso en la provincia.

Por ello es absolutamente necesario y urgente poner en marcha medidas que posibiliten el asentamiento, mantenimiento y creación de empresas que puedan generar empleo y actividad económica en la provincia y consigan un descenso del número de desempleados en la provincia y ¿por qué no? el asentimiento de nuestros jóvenes, incluso el aumento poblacional.

No podemos olvidar que en la actualidad la Comunidad Autónoma de Castilla y León,  no cuenta con un Plan de Industrialización que impulse y coordine las actuaciones públicas y privadas de asentamiento, mejora y desarrollo de actuaciones industriales en nuestra comunidad. Es un gran hándicap y un debe muy importante por parte del Gobierno del PP en la Junta.

Desde 2008 la Comunidad ha perdido 46.400 empleos en el sector industrial, casi uno de cada cuatro de los puestos existentes en este ramo. Además, en el inicio de este ejercicio operaban en Castilla y León 12.240 empresas encuadradas en este sector, 1.316 menos que al inicio de la crisis, según señala un informe de Comisiones Obreras.

            El aludido informe constata también que este sector registró un decrecimiento de su PIB entre 2008 y 2012 del 5,23 por ciento, el doble que el experimentado en igual periodo por el conjunto de la economía de la Comunidad. El Índice de Producción Industrial (IPI) de Castilla y León se situaba en 2008 en 105,3 puntos, mientras que este año se ha rebajado hasta el 79,3 (77,3 en la industria manufacturera).

           La industria manufacturera ocupa a 111.000 asalariados, con un impacto de la crisis sobre 35.000 respecto a los que había en 2008 y aporta el 14,1 por ciento del PIB. El número de parados del sector industrial se elevó en este periodo un 163,8 por ciento.
La importancia para la economía autonómica de estas actividades queda de manifiesto en que representan el 19,1 por ciento del PIB de la Comunidad y emplean a 140.800 personas (el 15,7 por ciento del total de ocupados en la Comunidad), 125.800 asalariados, de los que el 85,5 por ciento son indefinidos.

En nuestra provincia después de la insistencia del Grupo Socialista en la Diputación,  para impulsar  el desarrollo provincial, se aprobó por consenso un Plan Estratégico Provincial en la sesión plenaria del 28 de enero de 2010, muy ambicioso,  buscando como objetivo claro efectuar una planificación en la aplicación de los recursos que permitiera propiciar el desarrollo económico y social del conjunto de toda la provincia. El Plan, diseñado para el periodo 2010-2014, se articulaba mediante seis ejes que se consideraban esenciales para relanzar económicamente la provincia con un desarrollo equilibrado y comprometido con el medio ambiente.

El PP durante las elecciones municipales de aquel momento, puso el acento en su importancia para la provincia, intentando apropiarse del mismo y después prácticamente se olvido. Recordamos que para cada uno de esos ejes el Plan fijaba una serie de objetivos estratégicos y diseñaba unas líneas de actuación tendentes a su consecución, que después de la aprobación de la moción socialista presentada en el pleno de abril de 2013, se debe revisar y actualizar antes de que termine su periodo de vigencia, si se quiere utilizar como herramienta útil de desarrollo provincial ya que de lo contrario pasara a la historia como otro fiasco.

Antes estas herramientas de planificación y con la complicada situación laboral de nuestra provincia,  que tiene el terrible honor de ser una de las once provincias españolas que en la tasa interanual de este último año ha aumentando la cifra del paro en 145 personas, parece lógico pensar que los Gobiernos de España y de la Junta, algo tendrán que hacer de forma extraordinaria para solucionar esta lacra social.

Por ello es fundamental que el Ministerio de Industria y la Junta realicen un apoyo financiero a la industria segoviana, estimulando la inversión empresarial que contribuya al desarrollo industrial y articule un programa de reindustrialización, mediante incentivos a las nuevas implantaciones industriales, atracción de inversores así como a los aumentos de capacidad de producción o las relocalizaciones que las empresas industriales decidan acometer para ganar competitividad.

Dicho estímulo se debe basar en apoyos a cualquier sector industrial, de manera que se potencie la evolución de las empresas beneficiarias hacia nuevos modelos de producción más avanzados, eficientes y respetuosos con el medio ambiente, y hacia la fabricación de productos y la prestación de servicios de mayor valor añadido, que les permitan acceder e incrementar su presencia en los mercados internacionales, todo ello generaría empleo sin ningún lugar a dudas y diversificaría la economía segoviana.

Este programa de reindustrialización que los socialistas pedimos debería compensar los desequilibrios económicos, apoyando de forma específica nuestra provincia  al estar en desventaja frente al resto del territorio español.

No conviene olvidar que en los últimos años en la provincia empresas importantes desaparecieron o quedaron relegadas al ostracismos tales como: La Choricera, Klein, Gil Vargas, Femsa, Yazaki Monel, Alena, Idemsa, Cesquisa, Molduras Samboal, Proinserga, Santa Teresa, Cerámica García Cuesta, Muebles Cuéllar, Bodegas Cerrosol, etc. en total más de 3.000 empleos del sector industrial desaparecieron, por lo que la reindustrialización es necesaria.

La mayoría del PP en el Parlamento español, las Cortes de Castilla y León y en el pleno de la Diputación, donde se sientan importantes dirigentes populares,  alcaldes con problemas mayúsculos en sus poblaciones y zonas de influencia, ha votado en contra de esta iniciativa socialista de reindustrialización en las últimas semanas y realmente es para preguntarse cuál es el motivo por los que se niegan a apoyar la existencia de un plan dotado con los fondos necesarios para la provincia, tan necesario y perentorio para el empleo, la diversificación económica y el futuro de la provincia, será como siempre que para tapar la inactividad  ¿la culpa es de otros?, ¡Qué lástima! pero desde luego algunos seguiremos reclamándolo porque Segovia lo necesita.


sábado, 7 de diciembre de 2013

DESARROLLO RURAL: REALIDAD O PARAFERNALIA.

La provincia de Segovia con 209 municipios y más de 350 núcleos de población, de los cuales, salvo la ciudad, todos tienen menos de veinte mil habitantes y por lo tanto son núcleos rurales, representa un claro ejemplo de la necesidad perentoria de ofrecer posibilidades de desarrollo socioeconómico para los ciudadanos que residen en los mismos y poder mantener población, actividad y oportunidades vitales.
Las peticiones, reivindicaciones y compromisos que marcaban la necesidad de emplear fondos e iniciativas para el desarrollo rural ha sido una constante en los últimos años en nuestra provincia, en un intento de corregir desequilibrios, parar la lacra de la despoblación y revertir las cifras de envejecimiento poblacional.
Los datos que hacía público el INE (Instituto Nacional de Estadística) hace escasas fechas indicando que, si se mantiene la tendencia demográfica actual, la provincia de Segovia perdería en torno a 15.000 habitantes en los próximos diez años, no hacen más que exponer la cruda realidad en la que nos veremos si los poderes públicos no toman medidas para remediarlo de una forma urgente.
En la actualidad las políticas de desarrollo rural se articulan fundamentalmente a través de tres ejes: Financiación europea y dinamización a través de los Grupos de Acción Local, Ley estatal de desarrollo sostenible del medio Rural y políticas autonómicas.

El Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20-09-2005, así como sus posteriores modificaciones, regulan todas las líneas de ayuda al desarrollo rural que promueve la Unión Europea,  con el objeto de potenciar las políticas que hagan posible dinamizar la actividad económica en el ámbito rural y cambiar su tendencia de declive, ante el auge de las sociedades urbanas, esperando con la nueva PAC (Política Agraria Común) cambios en el mismo. Un eje esencial de esas actuaciones ha sido la actividad que han desarrollado los Grupos de Acción Local.
La convocatoria para la presentación de proyectos por los diferentes Grupos de Acción Local a los Programas de Desarrollo Local, adaptados al EJE 4 (enfoque LEADER), del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2007-2013), se publicaron con fecha 30 de noviembre de 2007, resultando que los diferentes Grupos de Acción Local de la provincia se acogieron a los mismos y posteriormente desarrollaron su actividad conforme al plan aprobado.

El 15 de febrero de 2008 la Comisión Europea aprobó el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, si bien el mismo se modificó en tres ocasiones.

El programa regional está financiado en su totalidad por fondos procedentes del FEADER, el Ministerio de Agricultura, y la Junta de Castilla y León.

Se pretende aplicar la metodología Leader para llevar a cabo estrategias de desarrollo local dirigidas al aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales.

En la provincia de Segovia están actuando en la actualidad cuatro Grupos de Acción Local, concretamente AIDESCOM, CODINSE, HONORSE-TIERRA DE PINARES y SEGOVIA SUR, con una actividad desigual, pero cumpliendo su objetivo de estar cerca del territorio y ayudar a los proyectos interesantes de desarrollo.

Pero observamos que la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha propuesto, bajo amenaza, una disminución del 30 % de la dotación presupuestaria comprometida, lo que de hecho supone prácticamente la paralización de estos programas, ya que con la nueva dotación presupuestaria ya estarían adjudicados casi el 100 % de los fondos disponibles, por lo que no podrá apoyarse ningún proyecto nuevo y se corre el riesgo de no poder atender el control-seguimiento de los actuales.

Pero este recorte también afectaba a los gastos de funcionamiento de dichos Grupos, a los cuales se les deja de financiar a pesar de que perviven las obligaciones de los Grupos de Acción Local hasta finales del año 2015.

No deja de sorprender que el PP de Segovia y Castilla y León no se sonroja y avergüenza de atacar de esta forma a los ciudadanos del medio rural. Al contrario, vota en contra de iniciativas socialistas en la Diputación y en las Cortes de Castilla y León, pero cuando llegue el momento les pedirá nuevamente su apoyo electoral, que es lo único que les interesa de dichos ciudadanos. ¡¡Basta ya de utilización torticera del territorio y sus pobladores!!.


Los socialistas, conocedores del problema, aprobamos la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, que supuso como hito principal que por primera vez los problemas del mundo
agrario y del desarrollo rural en general se convertían en una política de Estado, con un texto y una financiación para poder corregir desequilibrios entre territorios.

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 y su informe de sostenibilidad ambiental estableció dos programas piloto en la provincia y los socialistas defendimos la inclusión como zona prioritaria de desarrollo a la Comarca de Santa María de Nieva, junto a la del Nordeste y otras, apoyando otras zonas también.

Pero la llegada del PP al Gobierno de España hace dos años supuso un recorte muy acusado de los fondos dispuestos para estos programas de desarrollo rural y, lo que es peor, el abandono de estas políticas de estado hacia el medio rural. Ya no era síntoma de preocupación la dinámica socioeconómica desfavorable, asociada al pronunciado proceso de despoblamiento que sufren determinadas zonas; ya no es necesario generar nuevas expectativas para la población, tanto en lo que se refiere a dinamización económica y generación de empleo, como a calidad de vida; ya no interesa hasta las próxima cita electoral, en donde volverán a utilizar palabras huecas y falaces.

Mientras tanto el Gobierno del PP en la Junta, como siempre, permanece agazapado antes los problemas y utiliza el humo como arma política, para vender Agendas de la Población, Desarrollo Rural autonómico, etc. que al poco tiempo se pierden en el “limbo del olvido” y se convierten en palabras tabús.

Es curioso comprobar cómo cargos públicos del PP con responsabilidades sobre la materia votan en contra de iniciativas socialistas en defensa de la llegada de fondos de desarrollo para la provincia, cómo otros escriben artículos sobre la materia como defensores del desarrollo rural y después permanecen amilanados por intereses partidistas; muchos de ellos residen en el medio rural, en fin, convierten el desarrollo de nuestros municipios en pura parafernalia política, y sólo cuando les interesa.


Apelo a la responsabilidad de aquellos que crean en el desarrollo rural, en el futuro de los municipios y sus pobladores, para que dejen al lado sus intereses partidistas y se revelen contra aquellos que toman decisiones contrarias a los intereses provinciales desde un despacho de Segovia, Valladolid y Madrid, sin conocer el territorio, ni a sus gentes, ni sus preocupaciones, ni sus problemas, ni sus alegrías o tristezas, pero utilizándolos para sus intereses, eso sería un gran gesto para demostrar lo que realmente se quiere.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

El aparcamiento del Hospital



Es injustificable el calvario para aparcar que llevan soportando los segovianos/as que acuden al Hospital General desde que se produjo la ampliación hace más de seis años, sin otra alternativa que dejar su coche entre baches y barros.
Desde el pasado siete de noviembre el aparcamiento del Hospital General de Segovia ha sido privatizado por el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León y los usuarios tienen que pagar por estacionar sus vehículos privados.Las plazas del actual aparcamiento del Hospital General suman 590, de las cuales 240 se destinan al propio personal del centro, claramente insuficientes para los más de 600 trabajadores en el turno de mañana, pero además se debe tener en cuenta que solo el número de consultas diarias ronda las 800 y las pruebas clínicas las 1.500.
Es necesario recordar que en el Hospital General de Segovia son atendidos en consultas, urgencias, intervenciones o pruebas diagnósticas,  los ciudadanos de la capital y de toda la provincia,  en muchos casos personas mayores sin otro medio posible de transporte que un coche o el traslado por algún familiar y con evidentes problemas de horarios y servicios compatibles en el transporte público de viajeros por carretera.
La Junta en lugar de tratar de solucionar el problema del aparcamiento en el Hospital General, ya que presenta un estacionamiento a todas luces insuficiente para las necesidades de los usuarios, ha decidido optar por la vía de la privatización, medida que tiene una clara finalidad recaudatoria y que en ningún caso persigue dar facilidades a pacientes ingresados, familiares o quienes vayan a consulta o a una prueba diagnóstica.
El pago del aparcamiento en el Hospital General no soluciona el problema de estacionamiento y  discrimina a todos los usuarios del centro hospitalario, tanto trabajadores, como enfermos y acompañantes, pero sobre todo a los que residen en el medio rural. Con ello se  consuma una gestión totalmente ineficaz y despreocupada para buscar una solución adecuada, ya que ni siquiera la Junta ha procedido a la modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOTSE), para propiciar la disposición de suelo para ampliar el parking, de manera que se garantice en los próximos años la disponibilidad de plazas de forma gratuita.
Es necesario indicar que nos manifestamos en contra de la práctica utilizada por algunos usuarios de aparcar su vehículo privado en dicho parking en sus desplazamientos a Segovia o bien como lugar de estacionamiento seguro durante la noche o los fines de semana, pero dicho argumento no debe ser utilizado para defender la necesidad de pago en dicho centro.
Desde el PSOE hemos manifestado desde que la Junta anunció hace varios años esta privatización, en innumerables ocasiones mediante anuncios públicos, iniciativas parlamentarias en las Cortes de Castilla y León, Diputación Provincial o ayuntamientos de la provincia, nuestro posicionamiento en contra de esta medida por qué castiga a los enfermos y sus familiares sin darles otra opción donde poder aparcar a su llegada a un centro hospitalario donde se acude por cualquier necesidad relacionada con la salud.
Los grandes perjudicados son los ciudadanos/as de la provincia, que tienen que desplazarse al único centro hospitalario de la provincia sin otro medio de transporte alternativo y con la única opción del vehículo particular, ya que nadie elige cuando y en qué momento se pone enfermo. Al hospital no elegimos ir, sino que acudimos por necesidad o enfermedad.
Además no se puede comparar esta situación con el parking de la estación del AVE Segovia-Guiomar, al que vamos porque hemos decidido utilizar este medio para ir a trabajar, a clases, de compras, de turismo o a hacer gestiones.
El precio que deberán abonar los usuarios del hospital por dejar su vehículo en el aparcamiento controlado del hospital durante una hora, parece ser que será en torno a los 0,80 céntimos y 8 euros todo el día.
Tampoco podemos olvidar el importante quebranto económico que puede suponer para las maltrechas economías segovianas, fuertemente afectadas por la crisis económica, la postura de la Junta de poner al cobro el aparcamiento en el hospital, un centro sanitario, no una opción de ocio, de contenido laboral o económica sino un asunto de primera necesidad, para todos los segovianos.
La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es qué debería de hacer aquel acompañante que permanece junto a sus seres queridos en estancias de larga duración en el hospital, sin medios de transporte adecuados para su desplazamiento, con ingresos escasos y teniendo que abonar cada día, a parte de sus gastos vitales, ocho euros de aparcamiento, dejar de acompañar a su familiar, dejar su vehículo en cualquier camino de uso público cercano, cuál es la respuesta del Gobierno del PP en la Junta.
Para defender los intereses de todos los ciudadanos el Gobierno de la Junta de Castilla y León debe recapacitar, cambiar de actitud y abandonar esta injusta e ilógica medida.


lunes, 4 de noviembre de 2013

La Camara Agraria Provincial



El fin de semana conocimos la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de disolución de los órganos de Gobierno de la Cámara Agraria Provincial de Segovia y hoy lo publica el BOCyL.
La decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de nombrar una gestora, llega tarde, seis meses después de plantearse la situación por la dimisión de los representantes de la UCCL, organización mayoritaria en dicha institución  y si no lleva aparejada nueva financiación no servirá para nada.
Los representantes de la UCCL, ya habían advertido de la situación de la institución Segoviana.

Este fin de semana a través de los medios de comunicación he exigido a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León la “financiación necesaria” para mantener la Cámara Agraria de Segovia.

Desde aquí exijo a la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, la segoviana, Silvia Clemente, que se implique directamente en la solución definitiva del problema y en salvar los nueve empleos.
Este asunto no es un caso cualquiera, me parece lamentable lo que está sucendiendo y por ello denuncio la “situación insostenible” de los trabajadores de la Cámara Agraria provincial, después de varios meses sin cobrar, sin recibir atención de nadie, rayando el “moobing por abandono” y con un desprecio absoluto por parte de la Junta.
Quiero recordar que la Junta está asfixiando económicamente a la Cámara Agraria Provincial desde hace dos años, dejando a los agricultores y ganaderos segovianos sin un servicio que les corresponde legalmente y a la institución sin la necesaria liquidez para su mantenimiento
Ya denunciamos hace un año, la reducción de la aportación de la Consejería de Agricultura al presupuesto de la Cámara Agraria Provincial de Segovia en un 70 %, lo que pone en peligro su pervivencia y la eliminación de nuevos puestos de trabajo en la provincia. No nos podemos permitir la desaparición de este servicio para el medio rural, para los agricultores y ganaderos y, por ello, pedimos a la Junta y al PP que corrijan esta situación.
En la provincia de Segovia la Cámara Agraria tenía una oficina central y ocho oficinas comarcales, que daban servicio a las 264 juntas agropecuarias locales que en la actualidad se encuentran constituidas en Segovia, así como nueve trabajadores, de los cuales actualmente trabajan solo 5, al ser despedidos los otros cuatro.
 Si la Cámara Agraria no recibe ahora de la Consejería de Agricultura las cantidades necesarias para el mantenimiento de sus infraestructuras y personal, la viabilidad de la misma no es posible y por lo tanto los servicios que prestan a las Juntas Agropecuarias Locales se verán perjudicados.
Además quiero recordar que el acuerdo de financiación de las Cámaras con la Junta permitía mantener un trabajador de la Cámara por cada 35 juntas agropecuarias locales, por lo que actualmente se está incumpliendo. Además conviene recordar que en nuestra provincia el ratio se eleva a  más de un trabajador por 40 juntas agropecuarias locales