miércoles, 23 de octubre de 2013

La contrarreforma educativa de WERT-Güenza




La  educación en España ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, tal y como atestiguan los estudios de organismos internacionales. Hoy los niveles de analfabetismo sin mínimos, los de escolarización son más altos que nunca en todas las etapas educativas, el porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido sustancialmente en los últimos años, y somos uno de los países que más ha avanzado en los últimos años en rendimiento y  equidad. El resultado es que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, organizado como un servicio público universal, que llega a toda la población en condiciones de igualdad y de calidad. 
El último impulso a este avance se produce en  2006,  cuando tras un intenso debate y un diagnóstico riguroso,  se aprueba la Ley Orgánica de Educación con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley junto al aumento sostenido durante varios años de los presupuestos para educación, han permitido un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020.
Estos logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de Mariano Rajoy un nuevo proyecto  de  Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de carácter extremadamente conservador, regresivo para la educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la educación en España. La realidad es que para su elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, renunciando a la elaboración de un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para los próximos años.
El Ministro de Educación, el Sr. Wert, está obcecado en sacar adelante esta contrarreforma frente a todo el mundo, frente a profesores, frente a padres y frente a alumnos. Las calles de España en los últimos meses están siendo recorridas de mareas que están pidiéndole que retire la ley y para el próximo día 24 de octubre. Hasta ahora ningún proyecto de ley educativa en nuestro país había generado tanto rechazo y una clara unanimidad de todos los principales implicados en su contra.
Es fundamental recordar que nunca se aprobó en este país una ley educativa sin un amplio consenso de la sociedad y de los grupos políticos que la representan en esta Cámara y por lo tanto esta contrarreforma no debe salir sin antes conseguirlo.
Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz, puesto que asume que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos.
Un Proyecto de Ley que se utiliza como elemento  arrojadizo entre españoles y busca degradar las lenguas cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de re-centralización que obvia la contribución de las CCAA a la mejora de la educación en España.
Desde luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación cívica de la Educación para la Ciudadanía  y los Derechos Humanos.
Un anteproyecto de Ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el docente y que pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y los rankings.
La reforma planteada es una reforma educativa low cost, de bajo coste, porque se quita de encima lo más costoso de nuestro sistema, que es la atención a la diversidad; y sólo apuesta por ayudar al que va a salir por sus propios medios o porque tiene una economía que le financie, pero no apuesta por que salgan adelante las personas que tienen más dificultades. Además el anexo económico de la Ley marca un retroceso de la financiación con respecto al PIB y al modelo actual.
Creemos que hay que mejorar lo que no funciona bien en nuestro actual sistema educativo, con las medidas necesarias, pero no buscar nunca un sistema segregador y elitista. 
En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela pública y que demuestra una profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta años en España.
Para los cambios educativos del Gobierno del PP, no paran hay su objetivo final, es degradar el sistema educativo público, la principal garantía para un presente y un futuro en democracia, en igualdad, en libertad, en progreso social y económico, en bienestar, para la consolidación y el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho.
Recién comenzado el curso escolar que, como el anterior, se presenta especialmente duro y difícil para la comunidad educativa. En dos ejercicios presupuestarios, 2012 y 2013, el recorte en la financiación del sistema educativo ha superado los 5.200 millones de euros. Se han sucedido y acumulado en estos meses decisiones tan graves como la reducción de plantilla, la supresión de unidades docentes, la limitación de la escuela rural, el incremento de estudiantes por aula, la desaparición de las sustituciones ordinarias de profesorado, la fuerte reducción, cuando no la supresión, de las becas y ayudas al estudio en sus diversas modalidades, la alteración sustancial o la eliminación de los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral, así como de los recursos necesarios para los refuerzos docentes y la garantía de la igualdad real.
La exagerada, inútil y antisocial subida de los precios de matrícula en las Universidades públicas, aprobada por la Junta de Castilla y León para el curso 2012-2013 y que se consolida y actualiza para el presente, y la injusta, segregadora y equivocada regulación de las becas y ayudas al estudio promulgada en 2012, endurecida en su recorte de derechos en 2013, han generado una situación insostenible, que conculca el derecho de igualdad y daña seriamente la Educación pública y su sostenibilidad académica y financiera.
Por si fuera poco, el Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta  y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, constituye un recorte sin precedentes al sistema de becas y ayudas al estudio y, por ello, lesiona gravemente la igualdad efectiva en el acceso a la Educación pública y en el seguimiento y la superación de los estudios correspondientes.
Esta nueva regulación, política y técnicamente equivocada, dificulta el acceso a las becas, minusvalora el esfuerzo personal y familiar, aunque presuma de lo contrario, y olvida la promoción y tutela de la igualdad efectiva. En una coyuntura como la actual, de grave crisis económica, por el contrario, las becas y ayudas al estudio deberían ser priorizadas por el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, porque son la mejor garantía para que la situación económica de una familia no condicione la formación de sus miembros en los diversos niveles educativos, también obviamente en la Educación superior. Por ello, tras el referido endurecimiento de los requisitos por parte del Gobierno de España para acceder a una beca en la convocatoria estatal, la Junta de Castilla y León, entre otras decisiones, tendría que proceder a realizar una convocatoria autonómica que no sea complementaria de la estatal, a fin de mantener los requisitos para obtener una ayuda existentes en las universidades hasta el año 2011.
Según el Ministerio de Educación existen 578.549  beneficiarios menos de ayudas al estudio  el curso pasado,  y 24.500 becarios menos.
La confederación de consumidores y usuarios de España calcula que los costes que tendrán que afrontar las familias de cara a la vuelta al colegio para el curso 2013/2014 será de 1.268 euros en los colegios públicos y 2.386 euros en los colegios concertados. Tanto los libros como el material escolar, la ropa y el gasto de comedor han duplicado su valor respecto al año pasado, cuando la CECU estimó el gasto en 510 euros para colegios públicos y 917 para concertados.
A estos datos debemos de señalar, que el IVA sobre el material escolar es desde el curso pasado, cinco veces mayor. El Gobierno de Rajoy se lo encontró en el 4% y lo subió al 21% el año pasado. La concesión de subvenciones para promocionar la educación es una forma de fomentar los intereses peculiares del municipio/ la provincia.
Somos conscientes de las dificultades económicas que atraviesan determinadas familias de nuestra provincia en el inicio del curso escolar, y la poca sensibilidad del Gobierno del PP, en una provincia con un total de 25.278 alumnos y 2240 docentes.

Por ello exijo la retirada del Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y Propongo la apertura de un proceso de diálogo (Comunidad Educativa, Consejo Escolar del Estado, los Consejos Escolares Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación) para el análisis de las necesidades y los objetivos del sistema educativo, mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico.

También exijo al Gobierno de España la derogación inmediata del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta  y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014 y que modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Insto a la Junta de Castilla y León para que adopte las medidas oportunas para paliar las graves consecuencias generadas en materia de becas y ayudas al estudio por el nuevo marco normativo aprobado por el Gobierno de España, entre las que ha de encontrarse la realización, de una convocatoria autonómica especifica de becas para estudiantes de grado y másteres oficiales en las Universidades públicas de Castilla y León durante el curso 2013-2014 con las siguientes características:

a) El presupuesto total de la convocatoria no será inferior a diez millones de euros.
b) Los requisitos económicos de la unidad familiar de los solicitantes serán idénticos a los de la convocatoria autonómica de becas universitarias del curso 2012-2013.
c) Las cuantías de las becas serán, al menos, las  mismas que las establecidas en la convocatoria autonómica de becas universitarias del curso 2012-2013 para los estudios de grado y consistirán en el pago de las tasas de matrícula para los estudios de máster oficial.
d) Los requisitos académicos de los solicitantes serán los siguientes:
-Haber obtenido al menos una calificación de 5 puntos en la Prueba de Acceso a la Universidad para los estudiantes que inicien sus estudios universitarios en el curso 2013-2014
-Para estudiantes que ya cursaron estudios universitarios en el curso 2012-2013: haber superado, al menos, el 60% de los créditos matriculados en estudios de grado en Enseñanzas Técnicas, y, al menos, el 80% de los créditos matriculados en el resto de los estudios de grado.
e) La resolución de la convocatoria se realizará en el primer trimestre del año 2014.

También insto a la Junta al establecimiento de una línea de ayuda para la adquisición de material escolar al alumnado segoviano matriculado en educación primaria y secundaria que tengan una situación familiar y económica complicada.

Si no se cumple el punto anterior la Diputación debe aprobar una línea complementaria para la adquisición de material escolar al alumnado segoviano matriculado en educación primaria y secundaria de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que tengan una situación familiar y económica complicada, cuyos umbrales de renta establezcan los limites que marca el Decreto 12/2013 de 21 de marzo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

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