La educación en España ha mejorado extraordinariamente
en los últimos años, tal y como atestiguan los estudios de organismos
internacionales. Hoy los niveles de analfabetismo sin mínimos, los de
escolarización son más altos que nunca en todas las etapas educativas, el
porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido sustancialmente en los
últimos años, y somos uno de los países que más ha avanzado en los últimos años
en rendimiento y equidad. El resultado
es que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de
calidad, organizado como un servicio público universal, que llega a toda la
población en condiciones de igualdad y de calidad.
El
último impulso a este avance se produce en
2006, cuando tras un intenso
debate y un diagnóstico riguroso, se
aprueba la Ley Orgánica
de Educación con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad educativa,
organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley junto al aumento
sostenido durante varios años de los presupuestos para educación, han permitido
un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020.
Estos
logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de Mariano Rajoy un
nuevo proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
de carácter extremadamente conservador, regresivo para la educación pública y
que supone un cambio profundo en la organización de la educación en España. La
realidad es que para su elaboración se ha servido de sus principios
ideológicos, renunciando a la elaboración de un diagnóstico riguroso,
compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para los
próximos años.
El Ministro de Educación, el Sr. Wert, está obcecado en sacar
adelante esta contrarreforma frente a todo el mundo, frente a profesores,
frente a padres y frente a alumnos. Las calles de España en los últimos meses
están siendo recorridas de mareas que están pidiéndole que retire la ley y para
el próximo día 24 de octubre. Hasta ahora ningún proyecto de ley educativa en
nuestro país había generado tanto rechazo y una clara unanimidad de todos los principales
implicados en su contra.
Es fundamental recordar que nunca se aprobó en este país una ley
educativa sin un amplio consenso de la sociedad y de los grupos políticos que
la representan en esta Cámara y por lo tanto esta contrarreforma no debe salir sin
antes conseguirlo.
Esta
nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz, puesto que asume que
segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas
propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar
precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a
los jóvenes expresamente con criterios competitivos.
Un
Proyecto de Ley que se utiliza como elemento
arrojadizo entre españoles y busca degradar las lenguas cooficiales, al
tiempo que promueve un proceso de re-centralización que obvia la contribución
de las CCAA a la mejora de la educación en España.
Desde
luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan
el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar
la formación cívica de la
Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos.
Un
anteproyecto de Ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el docente y
que pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y los rankings.
La reforma planteada es una reforma educativa low cost, de
bajo coste, porque se quita de encima lo más costoso de nuestro sistema, que es
la atención a la diversidad; y sólo apuesta por ayudar al que va a salir por
sus propios medios o porque tiene una economía que le financie, pero no apuesta
por que salgan adelante las personas que tienen más dificultades. Además el
anexo económico de la Ley
marca un retroceso de la financiación con respecto al PIB y al modelo actual.
Creemos que hay que mejorar lo que no funciona bien en nuestro
actual sistema educativo, con las medidas necesarias, pero no buscar nunca un
sistema segregador y elitista.
En
definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela
pública y que demuestra una profunda desconfianza sobre el papel indispensable
y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta años en
España.
Para los cambios educativos del Gobierno del PP, no paran
hay su objetivo final, es degradar el sistema educativo público, la principal
garantía para un presente y un futuro en democracia, en igualdad, en libertad,
en progreso social y económico, en bienestar, para la consolidación y el
desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho.
Recién
comenzado el curso escolar que, como el anterior, se presenta especialmente
duro y difícil para la comunidad educativa. En dos ejercicios presupuestarios,
2012 y 2013, el recorte en la financiación del sistema educativo ha superado
los 5.200 millones de euros. Se han sucedido y acumulado en estos meses
decisiones tan graves como la reducción de plantilla, la supresión de unidades
docentes, la limitación de la escuela rural, el incremento de estudiantes por
aula, la desaparición de las sustituciones ordinarias de profesorado, la fuerte
reducción, cuando no la supresión, de las becas y ayudas al estudio en sus
diversas modalidades, la alteración sustancial o la eliminación de los
programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral, así como de
los recursos necesarios para los refuerzos docentes y la garantía de la
igualdad real.
La
exagerada, inútil y antisocial subida de los precios de matrícula en las
Universidades públicas, aprobada por la Junta de Castilla y León para el curso 2012-2013
y que se consolida y actualiza para el presente, y la injusta, segregadora y
equivocada regulación de las becas y ayudas al estudio promulgada en 2012,
endurecida en su recorte de derechos en 2013, han generado una situación
insostenible, que conculca el derecho de igualdad y daña seriamente la Educación pública y su
sostenibilidad académica y financiera.
Por
si fuera poco, el Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se
establecen los umbrales de renta y
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el
curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas, constituye un recorte sin precedentes al sistema de becas y
ayudas al estudio y, por ello, lesiona gravemente la igualdad efectiva en el
acceso a la Educación
pública y en el seguimiento y la superación de los estudios correspondientes.
Esta nueva regulación, política y técnicamente
equivocada, dificulta el acceso a las becas, minusvalora el esfuerzo personal y
familiar, aunque presuma de lo contrario, y olvida la promoción y tutela de la
igualdad efectiva. En una coyuntura
como la actual, de grave crisis económica, por
el contrario, las becas y ayudas
al estudio deberían ser priorizadas por el
Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, porque son la mejor garantía para que la situación económica
de una familia no condicione la formación
de sus miembros en los diversos
niveles educativos, también obviamente en la Educación superior. Por ello, tras el referido
endurecimiento de los requisitos por parte del Gobierno de España para acceder a una beca en la convocatoria estatal,
la Junta de Castilla
y León, entre otras
decisiones, tendría que proceder
a realizar una convocatoria autonómica
que no sea complementaria de la estatal, a fin de mantener los requisitos para obtener una ayuda existentes en las universidades hasta el año 2011.
Según
el Ministerio de Educación existen 578.549
beneficiarios menos de ayudas al estudio
el curso pasado, y 24.500
becarios menos.
La
confederación de consumidores y usuarios de España calcula que los costes que
tendrán que afrontar las familias de cara a la vuelta al colegio para el curso
2013/2014 será de 1.268 euros en los colegios públicos y 2.386 euros en los
colegios concertados. Tanto los libros como el material escolar, la ropa y el
gasto de comedor han duplicado su valor respecto al año pasado, cuando la CECU estimó el gasto en 510
euros para colegios públicos y 917 para concertados.
A
estos datos debemos de señalar, que el IVA sobre el material escolar es desde
el curso pasado, cinco veces mayor. El Gobierno de Rajoy se lo encontró en el
4% y lo subió al 21% el año pasado. La concesión de subvenciones para
promocionar la educación es una forma de fomentar los intereses peculiares del
municipio/ la provincia.
Somos
conscientes de las dificultades económicas que atraviesan determinadas familias
de nuestra provincia en el inicio del curso escolar, y la poca sensibilidad del
Gobierno del PP, en una provincia con un total de 25.278 alumnos y 2240
docentes.
Por ello exijo la retirada del Proyecto
de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y Propongo la apertura
de un proceso de diálogo (Comunidad Educativa, Consejo Escolar del Estado, los
Consejos Escolares Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de
Educación en el Congreso y en el Senado, los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial
de Educación) para el análisis de las necesidades y los objetivos del sistema
educativo, mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico.
También
exijo al Gobierno de España la derogación inmediata del Real Decreto 609/2013,
de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014 y que modifica parcialmente
el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Insto
a la Junta de
Castilla y León para que adopte las medidas oportunas para paliar las graves
consecuencias generadas en materia de becas y ayudas al estudio por el nuevo
marco normativo aprobado por el Gobierno de España, entre las que ha de
encontrarse la realización, de una convocatoria autonómica especifica de becas
para estudiantes de grado y másteres oficiales en las Universidades públicas de
Castilla y León durante el curso 2013-2014 con las siguientes características:
a) El
presupuesto total de la convocatoria no será inferior a diez millones de euros.
b) Los
requisitos económicos de la unidad familiar de los solicitantes serán idénticos
a los de la convocatoria autonómica de becas universitarias del curso
2012-2013.
c) Las
cuantías de las becas serán, al menos, las
mismas que las establecidas en la convocatoria autonómica de becas
universitarias del curso 2012-2013 para los estudios de grado y consistirán en
el pago de las tasas de matrícula para los estudios de máster oficial.
d) Los
requisitos académicos de los solicitantes serán los siguientes:
-Haber
obtenido al menos una calificación de 5 puntos en la Prueba de Acceso a la Universidad para los
estudiantes que inicien sus estudios universitarios en el curso 2013-2014
-Para
estudiantes que ya cursaron estudios universitarios en el curso 2012-2013:
haber superado, al menos, el 60% de los créditos matriculados en estudios de
grado en Enseñanzas Técnicas, y, al menos, el 80% de los créditos matriculados
en el resto de los estudios de grado.
e) La
resolución de la convocatoria se realizará en el primer trimestre del año 2014.
También insto
a la Junta al
establecimiento de una línea de ayuda para la adquisición de material escolar
al alumnado segoviano matriculado en educación primaria y secundaria que tengan
una situación familiar y económica complicada.
Si no se
cumple el punto anterior la Diputación debe aprobar una línea complementaria
para la adquisición de material escolar al alumnado segoviano matriculado en
educación primaria y secundaria de los municipios de menos de 20.000
habitantes, que tengan una situación familiar y económica complicada, cuyos
umbrales de renta establezcan los limites que marca el Decreto 12/2013 de 21 de
marzo de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
