Después de conocer las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en referencia al Plan de Gestión del lobo ibérico en la Comunidad, creo que es evidente que la Junta de Castilla y León tiene que acometer la modificación del citado Plan, sin esperar a más actuaciones judiciales.
A finales de noviembre se conoció un nuevo «varapalo» de la justicia a un documento elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló varios artículos del Plan de Gestión del Lobo Ibérico en la Comunidad Autónoma, «por ser ilegal la propuesta de la Junta de cazarlo al Sur del Duero, según la normativa comunitaria», y a instancias de la denuncia de Ecologistas en Acción.
En diciembre conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó parcialmente el recurso interpuesto por Coag a algunos artículos del Plan de Conservación y Gestión del Lobo, en un fallo que establece que la Junta no puede obligar a suscribir seguros a los ganaderos para cobrar los daños ocasionados por el lobo al ser una especie protegida, y que tiene que ser la propia Administración autonómica quien se haga cargo del valor de esos daños.
En los últimos años los ataques de lobo reconocidos por la Administración autonómica en Segovia rondan los 100 al año de media, situándose Segovia entre las primeras provincias en el ranking de ataques, sin embargo, se puede sospechar que el número sea todavía mayor, dada la dificultad que se tiene para determinar la causa de la desaparición del ganado entre las reses de vacuno que pastan en la sierra.
Desde que el lobo ha vuelto a tener una población estable en la provincia (unos 80 ejemplares en la actualidad) los ganaderos están sufriendo en sus explotaciones reiterados ataques de lobos que repercuten económicamente en su actividad y en algunos casos hacen peligrar la misma, con la consiguiente preocupación para todo el sector económico provincial.
Es lógico censurar la poca preocupación de la Junta de Castilla y León ante las reiteradas denuncias de los
ganaderos por las dificultades que conlleva el ser indemnizados por la Administración por tales ataques, ya que se acumulan los requisitos y es muy difícil recibir unas indemnizaciones integrales por los daños sufridos, además de la lentitud de todo el proceso, por lo que se consideran los únicos perjudicados con el regreso del lobo.
Es prioritario realizar un nuevo Plan de Gestión basado en un gran acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias representativas del sector y Organizaciones ecologistas, que contemple todas las medidas necesarias para la compatibilidad entre conservación de la especie y mantenimiento del sector ganadero. Los ganaderos deben tener garantías para la supervivencia de sus explotaciones y que no recaiga exclusivamente en ellos la carga de la convivencia con el lobo en el medio rural, pues de otro modo dicha convivencia se hará imposible.
El lobo ha estado a lo largo de la historia presente en nuestra geografía y su vuelta puede ser considerada como una aportación a la biodiversidad, pero lo que es un valor medio ambiental a conservar no puede suponer una lacra y un perjuicio para un sector de la población rural. El que al Sur del Duero el lobo esté considerado como una especie protegida, debe ser un acicate para que su conservación y la actividad ganadera puedan convivir.
En el nuevo Plan la Junta de Castilla y León debe establecer ayudas directas a través de expedientes abreviados de responsabilidad patrimonial, para que los ganaderos cobren en el plazo de 15 días desde el ataque los daños causados, incluido el lucro cesante y otros daños indirectos, como ocurre en otras Comunidades Autónomas como Asturias.
La Junta debe prestar una atención prioritaria para una problemática, muy importante en la provincia, por los daños que suponen para las maltrechas explotaciones ganaderas.
A finales de noviembre se conoció un nuevo «varapalo» de la justicia a un documento elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló varios artículos del Plan de Gestión del Lobo Ibérico en la Comunidad Autónoma, «por ser ilegal la propuesta de la Junta de cazarlo al Sur del Duero, según la normativa comunitaria», y a instancias de la denuncia de Ecologistas en Acción.
En diciembre conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó parcialmente el recurso interpuesto por Coag a algunos artículos del Plan de Conservación y Gestión del Lobo, en un fallo que establece que la Junta no puede obligar a suscribir seguros a los ganaderos para cobrar los daños ocasionados por el lobo al ser una especie protegida, y que tiene que ser la propia Administración autonómica quien se haga cargo del valor de esos daños.
En los últimos años los ataques de lobo reconocidos por la Administración autonómica en Segovia rondan los 100 al año de media, situándose Segovia entre las primeras provincias en el ranking de ataques, sin embargo, se puede sospechar que el número sea todavía mayor, dada la dificultad que se tiene para determinar la causa de la desaparición del ganado entre las reses de vacuno que pastan en la sierra.
Desde que el lobo ha vuelto a tener una población estable en la provincia (unos 80 ejemplares en la actualidad) los ganaderos están sufriendo en sus explotaciones reiterados ataques de lobos que repercuten económicamente en su actividad y en algunos casos hacen peligrar la misma, con la consiguiente preocupación para todo el sector económico provincial.
Es lógico censurar la poca preocupación de la Junta de Castilla y León ante las reiteradas denuncias de los
ganaderos por las dificultades que conlleva el ser indemnizados por la Administración por tales ataques, ya que se acumulan los requisitos y es muy difícil recibir unas indemnizaciones integrales por los daños sufridos, además de la lentitud de todo el proceso, por lo que se consideran los únicos perjudicados con el regreso del lobo.Es prioritario realizar un nuevo Plan de Gestión basado en un gran acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias representativas del sector y Organizaciones ecologistas, que contemple todas las medidas necesarias para la compatibilidad entre conservación de la especie y mantenimiento del sector ganadero. Los ganaderos deben tener garantías para la supervivencia de sus explotaciones y que no recaiga exclusivamente en ellos la carga de la convivencia con el lobo en el medio rural, pues de otro modo dicha convivencia se hará imposible.
El lobo ha estado a lo largo de la historia presente en nuestra geografía y su vuelta puede ser considerada como una aportación a la biodiversidad, pero lo que es un valor medio ambiental a conservar no puede suponer una lacra y un perjuicio para un sector de la población rural. El que al Sur del Duero el lobo esté considerado como una especie protegida, debe ser un acicate para que su conservación y la actividad ganadera puedan convivir.
En el nuevo Plan la Junta de Castilla y León debe establecer ayudas directas a través de expedientes abreviados de responsabilidad patrimonial, para que los ganaderos cobren en el plazo de 15 días desde el ataque los daños causados, incluido el lucro cesante y otros daños indirectos, como ocurre en otras Comunidades Autónomas como Asturias.
La Junta debe prestar una atención prioritaria para una problemática, muy importante en la provincia, por los daños que suponen para las maltrechas explotaciones ganaderas.
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