FINANCIACION MUNICIPAL SUFICIENTE

Ante la inminente llegada del debate presupuestario de las cuentas de Castilla y León para 2010, todos los municipalistas y una parte importante de los ciudadanos nos preguntamos cuando el PP va a aplicar en la comunidad autónoma una financiación municipal suficiente, a través de la participación de los Ayuntamientos en los ingresos de la comunidad. Además ahora con la llegada de nuevos fondos procedentes de la nueva financiación autonómica el camino sería más fácil, si la voluntad política de los “populares” fuera realmente atender las necesidades de los municipios.

También por coherencia política el Sr. Herrera y el PP de Castilla y León, deberían aportar alguna propuesta en positivo para los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, como aprobar una mayor y mejor financiación municipal, como ellos exigen al Gobierno de España. Con ello se podría terminar con la incertidumbre anual de los Alcaldes y concejales que tienen que esperar a mitad o a final de año para saber lo que les aporta la Junta.
Los datos son muy tozudos y nos lleva a comprobar que los ayuntamientos viven de las transferencias que reciben con seguridad todos los meses del Estado, pero nunca saben con lo que van a contar de la Junta.

Con absoluta firmeza tengo que decir que el respeto a la autonomía local requiere una financiación local incondicionada y distribuida con criterios objetivos. A este respecto, Castilla y León está en los puestos de cola entre las Comunidades Autónomas, ya que nuestros ayuntamientos casi no cuentan con financiación incondicionada procedente de la Junta de Castilla y León.
Como datos interesantes puedo indicar que los Ayuntamientos de Castilla y León disponen de 39 € menos por habitante y año que la media de los municipios españoles y esa diferencia asciende a 160 € en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Las propias diputaciones disponen de 105 € menos por habitante y año que la media española.
Si los populares quieren cumplir con sus “compromisos municipalistas” deben de liberen a los Ayuntamientos de Castilla y León de las competencias impropias (que tienen que cumplir siendo competencia de otras administraciones, que según la FEMP supone un gasto municipal del 30%) que en los últimos años les han impuesto sin ofrecerles a cambios fondos económicos para su sustento.

Pero además es insostenible que los Ayuntamientos tengan que financiar con fondos propios obras de competencia autonómica y en algunos casos con porcentajes abusivos del 30 % o superiores.

La doble vara de medir del PP, es escandalosa, ya que no diferencia entre financiación (lo que les llega a las entidades sin pedirlo, de acuerdo con un sistema de indicadores de reparto) y cooperación económica (las subvenciones más o menos graciables), por las que las entidades locales colaboran en las políticas de otras administraciones.

Lo absolutamente retorcido es el planteamiento que utilizan reclamando al Estado financiación para las CCAA para ejercer unas competencias que al final llevan a cabo los Ayuntamientos, sin que las CCAA les transfieran los recursos que reciben del Estado por esos conceptos. Como ejemplos pongo sobre la mesa las residencias de mayores, centros de día y escuelas infantiles públicas

Lo que es evidentes es que si la Junta no ofrece una financiación a las Entidades Locales justa e incondicionada, recibida por derecho y sin necesidad de pedirla, no mantendrá ni respeto a la autonomía municipal, ni reconocimiento a la entrega de los miles de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que todos los días se dejan la piel por sus pueblos.

El PP hasta ahora ha demostrado que no tiene un modelo de financiación de la Junta para los Ayuntamientos –ni bueno ni malo, ni escaso ni suficiente-, tiene subvenciones, la mayoría de ellas sin convocatoria pública, que se resuelven a su antojo, lo que repercute negativamente en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos/as.

Desde el PSOE proponemos un modelo claro, basado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía: Financiación incondicionada con participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA), distribuída de acuerdo con criterios objetivos de población y coste de los servicios (nº de núcleos, envejecimiento, etc.) y pagada mediante transferencias mensuales a los Ayuntamientos, sin necesidad de pedirla, porque los alcaldes y alcaldesas tienen el derecho a contar con los recursos necesarios para responder ante sus vecinos del cumplimiento de sus competencias y de su propio programa electoral.