A favor del medio rural

Es necesario un posicionamiento a favor de las Entidades Locales Menores.

No podemos permanecer impasibles ante el ataque del Ministro Montoro contra las 17 Entidades Locales Menores de la provincia (Arroyo de Cuéllar, Campo de Cuéllar, Chatún, Lovingos, Bernuy de Coca, Carbonero de Ahusín, Cobos de Segovia, Jemenuño, Tabladillo, Paradinas, Villoslada, Montuenga, Moraleja de Coca,  Revenga, Valdesimonte, Losana de Pirón y Vivar de Fuentidueña) que supone el Proyecto de Ley que el Gobierno del PP ha remitido al Congreso de los Diputados, ya que pretende su desaparición por “asfixia” económica.
 

Por ello es necesario que el pleno de la Diputación Provincial de Segovia inste al Gobierno de España, y a los grupos parlamentarios para que se modifique el texto que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, por el que se modifica la Ley de Bases de Régimen Local a fin de que las Entidades Locales Menores queden mejor tratadas en esta reforma que, de no cambiarse, será un gran obstáculo para la continuidad de las mismas, ya que se ha demostrado, que no son las causantes de la crisis, no tienen casi déficit, vertebran el territorio, fijan la población al lugar, contribuyen a la protección del ecosistema, y prestan servicios básicos a un coste bajo y de gran calidad.

El transporte público por carretera debe volver a su situación original.

La Junta tiene margen presupuestario ahora para poder volver a restaurar los servicios de transporte de viajeros por carretera, tan necesarios para los segovianos que residen en los diferentes municipios de la provincia, por lo que es fundamental el apoyo unánime a esta iniciativa que presentamos.

Exijo a la Junta de Castilla y León que financie el transporte público por carretera en Segovia y que reponga, a través de las empresas concesionarias, las rutas y frecuencias que fueron eliminadas hace un año y que han sido reivindicadas por los ayuntamientos y otros colectivos, evitando el aislamiento de los segovianos y segovianas que residen en el mundo rural, y que tienen dificultades de acceso a servicios básicos como la sanidad, educación o gestión administrativa.

Es de justicia reclamar desde la Diputación, que ahora que la Junta tiene margen de endeudamiento presupuestario de casi 300 millones de Euros, reponga lo que eliminó hace un año en la provincia y que tantos problemas ha causado a los segovianos que residen en los diferentes municipios de la provincia y que necesitan dichas líneas de transporte para su ciclo vital.

En contra de la eliminación de los partidos judiciales

 
Es necesario una posición fuerte de provincia, contra los Planes del Ministro Gallardón, de eliminación de los partidos judiciales de la provincia. Todas las instituciones se tienen que posicionar en contra de dicha propuesta.

Es necesario rechazar el texto propuesto de reforma de la Ley de Demarcación y Planta y Ley Orgánica del Poder Judicial, elaborado por encargo del gobierno del PP, procediendo a elaborar uno nuevo, ya que dicha propuesta perjudica gravemente el servicio público de la justicia en Castilla y León y en Segovia.

Para defender los intereses de la provincia tenemos que pedir al Gobierno de España que en la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia, que no habrán de ser de ámbito territorial, sino conservando como ámbito los partidos judiciales por lo que habrán de mantenerse con sus sedes de Cuellar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda, manteniendo y, en su caso, ampliando sus competencias actuales.

Asimismo considero fundamental que se mantengan los Juzgados de Paz de los municipios, reconociendo su contribución a la paz social y buena convivencia vecinal en los mismos, manteniendo todas sus competencias, incluidas las relacionadas con el  Registro Civil. También habrán de mantenerse las Audiencias Provinciales, que junto a los Juzgados de Paz evitan el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas demarcaciones como pueden ser los tribunales de base o primer grado.