La
modificación de las bases del
Régimen Local, pone en cuestión la autonomía municipal garantizada por la Constitución Española, la Carta Europea de Autonomía Local y el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León.
Este Anteproyecto pone en jaque los fundamentos del municipalismo, que siempre se
han basado en la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, la convivencia cívica y la promoción de la participación
ciudadana, un modelo que ha garantizado la cohesión social en nuestro país
durante los últimos 30 años.
Lo
que realmente necesitan los municipios
es la reforma de la financiación local
para garantizar la suficiencia
financiera de las entidades locales, como garantía efectiva de la autonomía local y de cumplimiento de
los principios de equilibrio presupuestario, sostenibilidad financiera, calidad
de los servicios e igualdad de acceso a los mismos.
Ni la
participación ciudadana, ni la calidad del espacio público local, ni la ciudadanía con sus necesidades y
aspiraciones se citan siquiera en este anteproyecto, que limita las competencias locales, especialmente de los municipios,
hasta ahogar la estructura de servicios para las personas que han creado los
ayuntamientos democráticos para dar respuesta a las necesidades sociales de la infancia,
los jóvenes, las familias, las personas mayores y el conjunto de la ciudadanía.
Existe un acuerdo muy extendido en el mundo
local sobre la necesidad de actualizar
las leyes que regulan las competencias y la financiación de las entidades
locales. Todos compartimos la necesidad de incorporar criterios de eficiencia al conjunto de las
Administraciones públicas –y no solo a las entidades locales-, pero en ningún caso ello puede suponer la supresión
o el encarecimiento de servicios esenciales, como los servicios
sociales, educativos, sanitarios, de información y orientación a los
consumidores y usuarios, de promoción de la igualdad de oportunidades,
de apoyo a los jóvenes, de
asistencia a las personas mayores,
de inserción social de personas con
necesidades específicas y de promoción del desarrollo local y el empleo.
Con esta reforma que propone el Gobierno del
PP los alcaldes y alcaldesas de
Segovia y sus equipos de gobierno, que han sido elegidos por sus vecinos en las
urnas con un proyecto político para
gobernar en sus pueblos y ciudades, ya
no serán los responsables de tomar las decisiones y gestionar los servicios que deberían prestar desde sus Ayuntamientos.
Este proyecto
ignora cualquier criterio de evaluación
de los servicios públicos locales que tenga que ver con su eficacia para dar respuesta a
necesidades sociales de los ciudadanos y mejorar las oportunidades de la
comunidad local para crear riqueza y empleo. Se limita a una evaluación de la
eficiencia con la referencia exclusiva del coste estándar de los servicios y la
estabilidad presupuestaria. Refleja
un profundo desconocimiento del papel real que desempeña la estructura
municipal en la vertebración del Estado.
Por otro lado
el desmantelamiento del sector
público local puede poner en peligro
muchos puestos de trabajo en Castilla y León, tanto directos de las
entidades locales como en empresas adjudicatarias de servicios locales. Ni para
unos ni para otros existe ninguna garantía en este anteproyecto.
El pleno
de las Cortes de Castilla y León, del 12 de junio de 2013 aprobaba por
unanimidad alegaciones al Anteproyecto de Ley para la
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno de España,
lo que supone una verdadera enmienda a la totalidad del texto presentado.
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