UN CAMBIO NECESARIO EN LA FISCALIDAD DEL SECTOR RESINERO

Ayer el pleno de la Diputación de Segovia, aprobó una propuesta conjunta de los grupos del PSOE y del PP por la cual la Diputación pide al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que los resineros tributen por el régimen especial simplificado del IVA.

Después del trabajo de consenso realizado no sólo entre los grupos políticos de la Diputación, sino del trabajo intenso en el Ayuntamiento de Coca para aprobar esta iniciativa, me siento satisfecho de dicho acuerdo.

FOTO: Antigua fabrica Unión Resinera en Coca

La resina es un producto natural y renovable que tiene una demanda importante por parte de la industria química, pero que necesita mejorar la rentabilidad para que tenga futuro.

La importancia del sector resinero en la provincia de Segovia se refleja indicando que es la provincia de nuestro país con mayor producción y con un mayor número de profesionales resineros desarrollando dicha actividad (unos 600).

La extracción de la resina es un aprovechamiento forestal en el que los resineros desarrollan durante unos 8 meses múltiples y variadas labores sobre los pinos para conseguir una cierta cantidad de miera que venden a un tercero (industria).

El resurgimiento de la actividad en varias provincias donde estaba perdida ha dado lugar a diferentes interpretaciones del régimen fiscal aplicable, a lo que también han contribuido respuestas de Hacienda en muchos casos contradictorias.

Desde este año se obliga a los resineros a tributar por el régimen general del IVA y no el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, como venían realizando hasta ahora  por lo que es trascendental que el Gobierno de España acepte nuestra propuesta si queremos exista posibilidad de continuidad en el sector.

La  modificación considerable del régimen tributario complica enormemente la viabilidad económica de muchas de las explotaciones, obligando a su abandono, con el consiguiente perjuicio para la actividad económica de las zonas forestales, para los Ayuntamientos y propietarios forestales y fundamentalmente para los resineros que no podrán obtener una rentabilidad lógica y acorde al esfuerzo que necesitan realizar.

Por ello pedimos al Ministerio de Hacienda, que para evitar cualquier duda es fundamental que el aprovechamiento de resina aparezca explicita y expresamente incorporado en la Orden Ministerial anual que desarrolla el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Además de los aspectos legales y administrativos reseñados es necesario valorar que los perjuicios sociales y ambientales que el abandono de parte de los resineros actualmente activos y la no incorporación de otros interesados, motivada por esa incorrecta interpretación de la fiscalidad aplicable.

Esos mismos efectos negativos se dejarán sentir en el aspecto económico e incluso en los ingresos de las arcas públicas que perderán los correspondientes a las afiliaciones y al IVA que corresponde al régimen aplicable, además este abandono supondrá para la empresas del sector químico nacionales la necesidad de importar esa materia prima natural y renovable que no va a poder ser producida en España.

La necesidad de inversiones en los montes de la provincia y formación.

En el acuerdo de los grupos de la corporación también se pide a la Junta que tengo en cuenta que las nuevas explotaciones resineras necesitan de una constante selvicultura que proporcione a las masas unas características necesarias básicas para que las labores sean posibles, tanto en espesura, limpieza, podas, desbroces etc.

Por ello es necesario que la administración competente, como es la Junta de Castilla y León aporte los fondos necesarios para dicha gestión forestal.

La oportunidad de empleo que supone para la provincia de Segovia la incorporación de más resineros en este momento de poca actividad en otros sectores, debe obligar a la consideración del inicio de una formación técnica adecuada para el conocimiento de una profesión,  manejo de herramienta, prevención riesgos, incendios forestales, etc.

PNL en el Congreso de los Diputados

También es necesario conocer que el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta el pasado mes de abril para que se aclare el régimen del IVA a aplicar en el sector resinero y como apoyo a los sacrificados trabajadores que demandan dicha regulación.

Ya informamos de dicha iniciativa durante el transcurso del debate público celebrado en el II Simposium de Resinas Naturales que se celebró en Coca el pasado mes de abril.

La proposición no de ley  (PNL) registrada el día 12 de abril, fue presentada en el Congreso por el diputado Juan Luis Gordo, e intenta buscar el consenso y aclarar definitivamente un problema que afecta a todo el sector, trabajadores, propietarios y empresas.

La iniciativa del Grupo Socialista busca aplicar medidas concretas en la tributación del IVA que favorezcan a todo el sector y en especial a unos trabajadores que se esfuerzan duramente en este aprovechamiento forestal.

Con la iniciativa se busca que el Ministerio de Hacienda adapte la vigente normativa del IVA, efectuando una adecuada interpretación de la misma, para que los resineros tributen en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, o en un epígrafe especial dentro del mismo, acabando con la inseguridad jurídica existente en el momento actual para esta actividad económica.

Es fundamental que la normativa que desarrolla el régimen fiscal recoja específicamente la extracción de resina como una actividad a la que resulta de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el del recargo de equivalencia del IVA como una actividad forestal susceptible de estar incluida en este régimen.

“Apelamos al consenso para que lleguen medidas al sector resinero”

Espero que el Congreso de los Diputados apruebe la Proposición no de Ley presentada instando al Gobierno de España a que permita adaptar la tributación del IVA que mayoritariamente ha demandado el sector y en defensa de los sacrificados trabajadores del sector resinero, como reconocimiento a su trabajo y dedicación, en una actividad laboral al aire libre, dura y sacrificada, que en estos momentos se ha convertido en varias comarcas de la Comunidad y especialmente en la provincia de Segovia en una actividad de supervivencia ante las altísimas tasas de desempleo y la necesidad de buscar un sustento vital por parte de muchos ciudadanos.

Nadie entendería que no se produjera esta modificación, porque posiblemente significaría un freno al crecimiento de la actividad resinera y un perjuicio económico considerable para los implicados: trabajadores, empresas y propietarios por lo que considera que el resultado del debate tiene gran importancia para el futuro del sector resinero en todo el país.

Si realmente se quiere aprovechar al sector forestal como un sector estratégico para la generación de empleo y para la lucha contra la despoblación del medio rural tienen que llegar soluciones tangibles a los trabajadores.

 Con la agudización de la crisis económica global desde el año 2010, y el alarmante aumento de las cifras de desempleados aquellas zonas de pinares de la provincia con posibilidades de resinar, se están convirtiendo en prácticamente la única salida laboral para un buen número de trabajadores que precisan desarrollar una actividad para cobrar un sueldo y mantener las necesidades de sus familias, suponiendo una clara economía de subsistencia.

Espero el apoyo del Grupo Parlamentario del PP, ante una propuesta que debe servir para ayudar a un sector que necesita de esta regulación si el Gobierno de España quiere que se siga manteniendo la actividad resinera en unas condiciones de rentabilidad adecuadas y aceptables para seguir generando empleo y aumentando la actividad.

El salón de actos de la Faisanera

Esta mañana  he explicado en la sesión plenaria de la Corporación Provincial que la subvención de la Junta para el Palacio de Congresos no es todavía efectiva.

Pedí al Presidente de la Diputación,  al inicio del punto del orden del día que trataba sobre la Aceptación de la subvención directa de la Junta para el Palacio de Congresos, apelando a la responsabilidad institucional y a las garantías jurídicas, dejar el asunto sobre la mesa hasta que se cumpliera el acto administrativo de concesión de las subvención por parte del Consejero de Presidencia, sin que fuera aceptado por el Presidente, por lo que votamos en contra y anunciamos un posible recurso de reposición.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado jueves día 11 de julio, referido a esta subvención no ha sido publicitado por la Junta en la web como realiza con el resto de acuerdos, lo cual llama la atención, ahora que desde el PP tanto se apela a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y además lo que realmente hace dicho acuerdo es autorizar al Consejero de Presidencia para que otorgue una subvención de 6,9 m € a la Diputación, pero todavía no se ha producido la resolución del Consejero acordando dicha concesión, por lo que al no existir ese acto administrativo no hay todavía garantías totales, por lo que realmente el acuerdo plenario podría ser nulo de pleno derecho.

Los movimientos de capital en Segovia 21

En el punto referido a la reducción de capital de Segovia 21 S.A y al aumento de participación de la Diputación en la Faisanera Golf SL, reclame la necesidad en primer lugar de un informe de tasación para poder saber realmente el valor de las acciones de Segovia 21 y La Faisanera Golf. SL, ya que la valoración que se las otorga a las primeras con 100 € de valor nominal, no tiene ninguna justificación técnica y por lo tanto es imposible saber si existe algún perjuicio para la Diputación y por consiguiente nos crea inseguridad jurídica a la hora de tomar una decisión, en defensa del interés público.

No se ha realizado tampoco un informe jurídico, ni un informe de intervención para el movimiento de acciones en Segovia 21, lo cual consideramos necesario, cuando se trata de dineros públicos, y una alteración de fondos de valores de la Diputación que genera derechos y obligaciones de contenido económico antes de hacer cualquier movimiento según lo reflejado en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales ya que el asunto crea inseguridad jurídica.
 No existen garantías suficientes, ya que ni siquiera se conocen el proyecto de ejecución de la infraestructura, el informe urbanístico para conocer si existen dificultades con las Normas urbanísticas vigentes en dicho territorio, Estudios serios y rigurosos de viabilidad de la instalación, con tasas de ocupación previstas, volumen de negocio, etc.

Recordó que con la llegada del TAV algunos lanzaban afirmaciones que la ciudad de Segovia triplicaría su población y hemos visto después que eso no ha sido así, por lo tanto es necesario conocer con exactitud la actividad real que puede asumir esa nueva infraestructura y no utilizar el “cuento de la lechera”.

La subvención al Palacio hipoteca las decisiones de tres legislaturas en la Junta y Diputación y no existen garantías que aseguren que en un futuro, si la Junta deja de aportar el dinero para el mismo, sería la Diputación la que tendría que asumir los costes en solitario, lo que supondría un quebranto para los fondos públicos provinciales. “Si derechos como los establecidos en la Ley de Dependencia el PP les ha recortado ¿quién garantiza que ante una situación económica complicada no puede suceder lo mismo?”, espetó Aceves.

Creemos que el ansia y las prisas del Presidente en la aprobación del asunto le han llevado a obsesionarse con plazos y no percatarse de la defectuosa tramitación del mismo.

Los 600.000 € de préstamo de la Diputación a la Faisanera Golf 

La propuesta de acuerdo indicaba que La Faisanera Golf, requiere liquidez hasta que se sustancie la operación crediticia de la Diputación para financiar el proyecto del Palacio de Congresos.

Se reconoce que dicha sociedad tiene unas obligaciones de unos 3,1 m € por las obras en el edificio del futuro Palacio de Congresos y por ello la Diputación concede un préstamo de 600.000 € a la Faisanera Golf, para afrontar parte de dichas obligaciones.

Ahora bien, es necesario un informe de intervención que no se nos ha aportado para conocer si la corporación puede disponer de efectivo y en qué cuantía para hacer frente a dichas obligaciones del contrato de préstamo.

Me preguntó quién puede asegurar que las obras que se pretenden ejecutar para la construcción no necesiten más cantidades económicas y la incertidumbre de quien las tendría que sufragar y si sería en exclusiva la Diputación.

Petición reunión Comisión Diputación sobre Segovia 21

Asimismo en el pleno de hoy pedimos una reunión de la Comisión Especial sobre Segovia 21, después de los últimos movimientos, el archivo del Fiscal de la denuncia al anterior Consejo de Administración, la reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas del pasado día 8 y otros asuntos de interés para la Sociedad.

La modificación de las Bases de Régimen Local sólo por consenso.

El Gobierno de España tiene que modificar  el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, por ser lesivo para los intereses de los ciudadanos y consensuar un texto con las Federaciones de Municipios y Provincia y los partidos políticos.

La modificación de las bases del Régimen Local, pone en cuestión la autonomía municipal garantizada por la Constitución Española, la Carta Europea de Autonomía Local y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Este Anteproyecto pone en jaque los fundamentos del municipalismo, que siempre se han  basado en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, la convivencia cívica y la promoción de la participación ciudadana, un modelo que ha garantizado la cohesión social en nuestro país durante los últimos 30 años.

Lo que realmente necesitan los municipios es la reforma de la financiación local para garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales, como garantía efectiva de la autonomía local y de cumplimiento de los principios de equilibrio presupuestario, sostenibilidad financiera, calidad de los servicios e igualdad de acceso a los mismos.

Ni la participación ciudadana, ni la calidad del espacio público local, ni la ciudadanía con sus necesidades y aspiraciones se citan siquiera en este anteproyecto, que limita las competencias locales, especialmente de los municipios, hasta ahogar la estructura de servicios para las personas que han creado los ayuntamientos democráticos para dar respuesta a las necesidades sociales de la infancia, los jóvenes, las familias, las personas mayores y el conjunto de la ciudadanía.

Existe un acuerdo muy extendido en el mundo local sobre la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la financiación de las entidades locales. Todos compartimos la necesidad de incorporar criterios de eficiencia al conjunto de las Administraciones públicas –y no solo a las entidades locales-, pero en ningún caso ello puede suponer la supresión o el encarecimiento de servicios esenciales, como  los servicios sociales, educativos, sanitarios, de información y orientación a los consumidores y usuarios, de promoción de la igualdad de oportunidades,  de apoyo a los jóvenes, de asistencia a las personas mayores, de inserción social de personas con necesidades específicas y de promoción del desarrollo local y el empleo.

Con esta reforma que propone el Gobierno del PP los alcaldes y alcaldesas de Segovia y sus equipos de gobierno, que han sido elegidos por sus vecinos en las urnas  con un proyecto político para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los responsables de tomar las decisiones y gestionar  los servicios  que deberían prestar desde sus Ayuntamientos.

Este proyecto ignora cualquier criterio de evaluación de los servicios públicos locales que tenga que ver con su eficacia para dar respuesta a necesidades sociales de los ciudadanos y mejorar las oportunidades de la comunidad local para crear riqueza y empleo. Se limita a una evaluación de la eficiencia con la referencia exclusiva del coste estándar de los servicios y la estabilidad presupuestaria. Refleja un profundo desconocimiento del papel real que desempeña la estructura municipal  en la vertebración del Estado.

Por otro lado  el desmantelamiento del sector público local puede poner en peligro muchos puestos de trabajo en Castilla y León, tanto directos de las entidades locales como en empresas adjudicatarias de servicios locales. Ni para unos ni para otros existe ninguna garantía en este anteproyecto.

El pleno de las Cortes de Castilla y León, del 12 de junio de 2013 aprobaba por unanimidad alegaciones al Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno de España, lo que supone una verdadera enmienda a la totalidad del texto presentado.