El pasado sábado día 12 de septiembre, visitó Segovia, el Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, para participar en un acto de su partido, sobre financiación municipal.La verdad es que, no sorprende a casi nadie, que Rajoy sólo realiza actos de partido para criticar al gobierno socialista, sin aportar ninguna novedad, ni propuesta ni solución sobre los temas a tratar y que pueden preocupar a los ciudadanos.
En este caso, le montaron un acto en Segovia, con la presencia del Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de otros cargos y alcaldes populares del país y de la provincia, para hablar de financiación municipal y el resultado fue que perdieron la oportunidad de afrontar con seriedad y rigor el tema de la financiación de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.
A Rajoy se le olvida que un Gobierno del PP eliminó el impuesto de Actividades Económicas y no compensó suficientemente a las Entidades Locales por esta pérdida, se le olvida que cuando era ministro los Ayuntamientos sufrieron una merma importante de ingresos y que fueron asumiendo competencias que no les corresponde y que como administración más cercana a los ciudadanos les toca asumir sin financiación aparejada a dicho servicio público, pero lo más grave, se “tapa con una venda los ojos”, y no exige a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP una financiación municipal suficiente a través de la participación en sus ingresos.
Es insostenible que los Ayuntamientos tengan que financiar con fondos propios obras de competencia autonómica y en algunos casos con porcentajes abusivos del 30 % o superiores.
Pero también observamos perplejos como el Presidente Herrera y el PP de Castilla y León no cumplen con sus “compromisos municipalistas”, increíblemente se declaran defensores de los Ayuntamientos pero actúan sin compasión obligando a los Ayuntamientos de Castilla y León a asumir competencias impropias, que en los últimos años se han multiplicando y han asfixiando las malogradas arcas públicas municipales.
Es evidente, que el Gobierno de España, está trabajando junto con la FEMP para dotar a los Ayuntamientos de una financiación municipal justa, pero aquí en Castilla y León, la Junta, no quiere ni hablar del tema, se inventó un Pacto Local que sólo sirvió para pintar de colores las subvenciones que aportaba a los ayuntamientos que les interesaba y nada más que propaganda sin hechos.
La justicia social marca que aquí si el PP quiere ayudar a los ayuntamientos a tener una financiación municipal suficiente, la puede lograr a través de la participación de los Ayuntamientos en los ingresos de la comunidad procedentes de la nueva financiación autonómica.
Es curioso que Herrera pida una mayor y mejor financiación municipal, como exigencia al Gobierno de España y, por el contrario, no termina con la incertidumbre anual de los Alcaldes y concejales que tienen que esperar a mitad o a final de año para saber lo que les da la Junta.
Por ello “si la Junta no ofrece una financiación a las Entidades Locales justa e incondicionada, recibida por derecho y sin necesidad de pedirla, no mantendrá ni respeto a la autonomía municipal, ni reconocimiento a la entrega de los miles de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que todos los días se dejan la piel por sus pueblos.
El PP hasta ahora no tiene un modelo de financiación de la Junta para los Ayuntamientos –ni bueno ni malo, ni escaso ni suficiente-, tiene subvenciones, la mayoría de ellas sin convocatoria pública, que se resuelven a su antojo, lo que repercute negativamente en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos/as.
Por ello desde el PSOE proponemos un modelo de financiación local basado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía: Financiación incondicionada con participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA), distribuída de acuerdo con criterios objetivos de población y coste de los servicios (nº de núcleos, envejecimiento, etc.) y pagada mediante transferencias mensuales a los Ayuntamientos, sin necesidad de pedirla, porque los alcaldes y alcaldesas tienen el derecho a contar con los recursos necesarios para responder ante sus vecinos del cumplimiento de sus competencias y de su propio programa electoral.
El binomio imprescindible para garantizar la autonomía política de los gobiernos locales son financiación incondicionada y competencias propias bien definidas –para determinar la cuantía de los recursos suficientes para su gestión.
