viernes, 26 de febrero de 2010

El Parking del Hospital

En los últimos meses los ciudadanos de Segovia, tanto de la capital, como de la provincia estamos asistiendo a un espectáculo que nos retrotrae a otros tiempos.
Me refiero a los problemas derivados de la falta de plazas de aparcamiento en las inmediaciones del Hospital General de Segovia y al espectáculo dantesco de observar como los usuarios que acuden a dicho centro tienen que dejar sus vehículos en las tierras cercanas con una capa de barro importante y con una sensación de abandono por parte de la Junta de Castilla y León, administración competente en los asuntos sanitarios en la Comunidad Autónoma.
Foto: El Norte de Castilla


Es una realidad que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León no ha sido capaz de solucionar hasta la fecha el problema, a pesar de intentar adoptar medidas coyunturales. Pero además las declaraciones de los dirigentes del PP no ayudan a ver luz al final del túnel, sino que como siempre intentan echar las culpas a otros y seguir realizando dejación de funciones.
Cuando compruebas como a diario acuden al Hospital General un buen número de segovianos y segovianas, entre los que se encuentran los profesionales que prestan allí sus servicios, los pacientes que tienen que acudir allí a consultas, recibir tratamiento, o permanecer ingresados, así como muchas otras personas que acuden a visitarles o que permanecen en el Hospital como acompañantes de los pacientes ingresados, te das cuenta de las dimensiones del problema. Además es justo reconocer que el referido Centro cubre la asistencia sanitaria de toda la provincia de Segovia, por lo que la mayoría de los usuarios procede de fuera de la capital, y normalmente acuden con su vehículo privado, al carecer de otras alternativas de transporte.
Pero es que además, muchos de los que acuden llegan en situaciones dolorosas e incomodas por sus problemas de salud, y tienen que sufrir las dificultades que conlleva la falta de un aparcamiento acondicionado y con una capacidad suficiente.
La puesta en funcionamiento del aparcamiento del Hospital General de Segovia tras su reforma, no ha supuesto una solución óptima, dada su evidente falta de capacidad, por lo que en la actualidad los usuarios se ven obligados a dejar sus vehículos en los caminos y tierras de labor adyacentes, que en estos tiempos lluviosos se encuentran en unas condiciones lamentables. Paradójicamente, mientras los usuarios andan entre barros, el
Hospital dispone de unas 150 plazas de aparcamiento en sus
patios y espacios internos que no se utilizan por falta de regulación.
Foto: El Adelantado de Segovia

El pasado miércoles día 24 presenté en el Pleno de la Diputación Provincial una moción para que la institución como administración encargada de velar por los intereses de todos los segovianos y segovianas, realizara las gestiones pertinentes para lograr que se habilite un aparcamiento hospitalario suficiente y digno para los vehículos privados de los usuarios y visitantes.

Es el momento clave y urgente para que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León acometa las actuaciones pertinentes para dotar al Hospital General de Segovia de un aparcamiento digno y suficiente, comenzando por la modificación de las DOTSE (Directrices de Ordenación del Territorio de Segovia y su Área de influencia) para conseguir que el suelo sea clasificado como dotacional y así permitir la construcción de un aparcamiento público suficiente que atienda las necesidades de los usuarios del Hospital General.
No caben excusas ni pérdidas de tiempo, los usuarios lo demandan y la Junta debe asumir sus responsabilidades con urgencia.

viernes, 19 de febrero de 2010

La Financiacion municipal


En las últimas semanas el PP de Castilla y León y el de Segovia, habían introducido en el debate político el tema de la financiación municipal y como siempre sembrando dudas en la aportación y el compromiso del Gobierno de España.

Pues bien los número son muy tozudos, y resulta que el Gobierno de España aportara en 2010, casi 69 millones de € a las Entidades Locales de la provincia de Segovia, de carácter ordinario, a lo que se pueden sumar otros convenios para otras actuaciones.

Es decir el gobierno de Zapatero aportará a las Entidades Locales de la provincia, Ayuntamientos y Diputación, más de 51 millones de Euros procedentes de la participación en los tributos del Estado y casi 18 millones de Euros del Fondo para el empleo y la sostenibilidad local.

Es lógico reconocer los problemas de liquidez y gasto corriente de las entidades locales, pero no debemos olvidar que el Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad local (Fondo Zapatero 2010) aportará a los Ayuntamientos de la provincia casi 18 millones de Euros, de los cuales hasta 3,55 millones de Euros se podrán destinar a gasto corriente, lo que supone que se suplementaran los ingresos procedentes de la participación en los tributos del Estado y por lo tanto los municipios no perderán ingresos ordinarios del Estado este año.

Todo ello supone que el Gobierno de España aportará 421 € por cada segoviano/a en el año 2010.

También creo que es reconocido por todos que el aumento del gasto corriente de nuestros Ayuntamientos ha crecido de manera exponencial, especialmente en la atención de áreas de gestión asociadas a competencias de la Junta, que se llena la boca hablando de municipalismo pero que luego demuestra que sigue torpedeando la financiación de los Ayuntamientos de la provincia y de la Diputación Provincial al no ofrecer una financiación municipal incondicionada a través de la participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma.

Recordamos con estupor las palabras del Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias, celebrada el pasado mes de enero en Ávila, en donde se despacho indicando que hasta la próxima legislatura no se abordará la financiación municipal en el ámbito autonómico. Con este anuncio se demuestra claramente la doble vara de medir de los dirigentes populares, por un lado en la provincia quieren introducir las sombras en la financiación del Gobierno de España y por otro lado en la Junta no quieren mover ficha. ¡¡¡ Eso es defensa del municipalismo..!!!

Pero es que además los datos son muy tozudos y demuestran que la financiación de la Junta hacia los Ayuntamientos de la provincia y la Diputación está por debajo de la que otras Comunidades Autónomas aportan como media al resto de las Entidades Locales del país.

Los Ayuntamientos de la Comunidad sólo reciben el 4% de sus ingresos de la Junta de Castilla y León. La media española está en el 6%: lo que supone que reciben de la administración autonómica 39 euros menos por habitante y año que la media española. (Esa diferencia asciende a 160 € en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Las propias diputaciones disponen de 105 € menos por habitante y año que la media española)

Por ello creo que es urgente hacer una llamamiento a la Junta de Castilla y León, para que ponga en marcha de forma urgente un sistema de participación de los Gobiernos Locales en los Ingresos Tributarios de Castilla y León (PICAS) y proceder a la creación de un Fondo de carácter incondicionado que complemente la financiación del Estado conforme a un reparto de población, que corresponde al menos a 70€ por habitante.

Este fondo incondicionado permitiría ofrecer a los Ayuntamientos de la provincia, un respiro económico fundamental, ya que permitiría a cada entidad local utilizarlo en las necesidades que considere más urgentes y necesarias, siendo repartidos con criterios lógicos de población, coste de los servicios, dispersión, núcleos, etc., mediante transferencias mensuales a las entidades locales.

Por último quería recordar que es necesario acordar un nuevo sistema de financiación municipal entre los Gobiernos y la FEMP tanto en el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, por lo que pido al PP que trabaje en positivo y sin poner zancadillas, como nos tiene acostumbrados.

viernes, 5 de febrero de 2010

La Junta debe modificar el Plan del Lobo




Después de conocer las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en referencia al Plan de Gestión del lobo ibérico en la Comunidad, creo que es evidente que la Junta de Castilla y León tiene que acometer la modificación del citado Plan, sin esperar a más actuaciones judiciales.

A finales de noviembre se conoció un nuevo «varapalo» de la justicia a un documento elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló varios artículos del Plan de Gestión del Lobo Ibérico en la Comunidad Autónoma, «por ser ilegal la propuesta de la Junta de cazarlo al Sur del Duero, según la normativa comunitaria», y a instancias de la denuncia de Ecologistas en Acción.

En diciembre conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó parcialmente el recurso interpuesto por Coag a algunos artículos del Plan de Conservación y Gestión del Lobo, en un fallo que establece que la Junta no puede obligar a suscribir seguros a los ganaderos para cobrar los daños ocasionados por el lobo al ser una especie protegida, y que tiene que ser la propia Administración autonómica quien se haga cargo del valor de esos daños.

En los últimos años los ataques de lobo reconocidos por la Administración autonómica en Segovia rondan los 100 al año de media, situándose Segovia entre las primeras provincias en el ranking de ataques, sin embargo, se puede sospechar que el número sea todavía mayor, dada la dificultad que se tiene para determinar la causa de la desaparición del ganado entre las reses de vacuno que pastan en la sierra.

Desde que el lobo ha vuelto a tener una población estable en la provincia (unos 80 ejemplares en la actualidad) los ganaderos están sufriendo en sus explotaciones reiterados ataques de lobos que repercuten económicamente en su actividad y en algunos casos hacen peligrar la misma, con la consiguiente preocupación para todo el sector económico provincial.
Es lógico censurar la poca preocupación de la Junta de Castilla y León ante las reiteradas denuncias de los ganaderos por las dificultades que conlleva el ser indemnizados por la Administración por tales ataques, ya que se acumulan los requisitos y es muy difícil recibir unas indemnizaciones integrales por los daños sufridos, además de la lentitud de todo el proceso, por lo que se consideran los únicos perjudicados con el regreso del lobo.
Es prioritario realizar un nuevo Plan de Gestión basado en un gran acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias representativas del sector y Organizaciones ecologistas, que contemple todas las medidas necesarias para la compatibilidad entre conservación de la especie y mantenimiento del sector ganadero. Los ganaderos deben tener garantías para la supervivencia de sus explotaciones y que no recaiga exclusivamente en ellos la carga de la convivencia con el lobo en el medio rural, pues de otro modo dicha convivencia se hará imposible.

El lobo ha estado a lo largo de la historia presente en nuestra geografía y su vuelta puede ser considerada como una aportación a la biodiversidad, pero lo que es un valor medio ambiental a conservar no puede suponer una lacra y un perjuicio para un sector de la población rural. El que al Sur del Duero el lobo esté considerado como una especie protegida, debe ser un acicate para que su conservación y la actividad ganadera puedan convivir.
En el nuevo Plan la Junta de Castilla y León debe establecer ayudas directas a través de expedientes abreviados de responsabilidad patrimonial, para que los ganaderos cobren en el plazo de 15 días desde el ataque los daños causados, incluido el lucro cesante y otros daños indirectos, como ocurre en otras Comunidades Autónomas como Asturias.

La Junta debe prestar una atención prioritaria para una problemática, muy importante en la provincia, por los daños que suponen para las maltrechas explotaciones ganaderas.